Este viernes, 30 de octubre el Museo Nacional abrió con las casi 50 obras que el gobierno de Abelardo de la Espriella había desmontado. El juez encontró que no hubo estudio de curaduría que justificara  el retiro y prohibió volver a sacarlas por su contenido.

Las piezas, sobre el proceso de paz, las luchas feministas y la diversidad sexual, volvieron a sus salas luego de una orden judicial.  La cartera que lidera Paola Holguín cumplió así la orden que el Juzgado 24 de Familia de Bogotá profirió el 28 de octubre, en un fallo que resolvió de una sola vez quince tutelas presentadas en juzgados de Bogotá y Medellín. El juez César Enrique Osorio Ortiz les dio al Ministerio y al Museo Nacional 48 horas para restituir la totalidad de las piezas retiradas, con las condiciones técnicas necesarias para su conservación.

La devolución, sin embargo, no es definitiva. Las piezas deberán quedarse en las salas mientras el museo, con su Comité de Gestión Patrimonial, hace una evaluación técnica y curatorial sobre la permanencia de cada una.

Fuentes consultadas por la revista CAMBIO aseguran que hoy las salas que habían sido intervenidas abrieron con su catálogo completo y que “quedó todo igual a como estaba antes”. Durante dos semanas, las fotografías que circularon en redes mostraron vitrinas y muros vacíos en distintas salas, como "Hacer Sociedad" y "Memoria y Nación". Según el Ministerio, las piezas permanecieron todo ese tiempo en las reservas técnicas del museo.

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Lo que ordenó el juez

En la sentencia del 28 de octubre, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá les ordenó al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional restituir a sus espacios de exhibición la totalidad de las piezas retiradas el 15 de octubre, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación y con las condiciones técnicas para su conservación. Las piezas deberán quedarse allí mientras el museo, con su Comité de Gestión Patrimonial, hace una evaluación técnica y curatorial con enfoque diferencial y de género, pluralismo y prohibición de censura.

El juez César Enrique Osorio Ortiz resolvió en esa sentencia quince tutelas acumuladas y amparó en todas los derechos a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, a la educación y a la memoria histórica. Negó las disculpas públicas y las demás medidas de reparación que pidieron varios demandantes, y no encontró probada una discriminación individual.

El juez falló así porque el Ministerio no justificó el retiro, sino que admitió que obedeció a la instrucción de De la Espriella de quitar "toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas", pero no aportó un acto administrativo, un acta del Comité de Gestión

Patrimonial ni un concepto curatorial. Por eso concluyó que el retiro respondió al desacuerdo de una autoridad con ciertas expresiones y no a una necesidad de la gestión del museo.

La sentencia también levantó la medida provisional del 19 de octubre, que obligaba a conservar las piezas y a no desmontar otras, y que la Presidencia había pedido revocar. El juez rechazó, además, enviar el caso al Consejo de Estado, como pidieron el Ministerio y la Presidencia con base en el Decreto 1446.

Lo que respondió MinCultura

Ocho días antes del fallo, el 20 de octubre, el Ministerio contestó la primera tutela con un documento de 144 páginas en el que reconoció que el retiro se hizo por instrucción del presidente De la Espriella. Con base en el Decreto 1446 del 28 de septiembre, que manda al Consejo de Estado las tutelas contra el presidente, pidió sacar el caso del juzgado de familia.

También alegó que la tutela no procedía, porque existía la acción popular. Según esa respuesta, no salieron 30 o más obras sino 22 piezas patrimoniales, y lo demás eran objetos en comodato, facsímiles, material de apoyo y audiovisual. La cartera negó que hubiera censura, discriminación o reuniones a puerta cerrada, y presentó el retiro como parte de una evaluación y rediseño del museo, con criterios de neutralidad institucional y pedagógica.

Las piezas, dijo, están inventariadas en las reservas técnicas, en un estado de conservación estable, y su traslado quedó en actas de movimiento interno. Las fichas de conservación que aportó, sin embargo, tienen fecha del 16 de octubre, un día después del retiro. En el expediente tampoco apareció un acta del Comité de Gestión Patrimonial sobre el desmonte y el 26 de octubre el Ministerio admitió que no hubo un concepto de conservación previo.

Del desmonte a las tutelas

Todo empezó el 15 de octubre, en la sede del Ministerio de las Culturas. Allí, frente a la ministra Holguín, De la Espriella anunció el cambio de nombre de la entidad y dijo que desde ese lugar empezaba "la contrarrevolución cultural", contra lo que llama wokismo. Ese mismo día, las piezas salieron de las salas. Al día siguiente, Holguín defendió la decisión en X y escribió que el museo no podía ser "un espacio de apología al delito o revictimización", sin identificar cuáles piezas encajaban en esa descripción.

El 17 de octubre, los museos de Arte Moderno de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín, junto con el Museo de Arte del Tolima, pidieron revisar el retiro con criterios curatoriales. El 19 de octubre, la Defensoría del Pueblo le pidió a la ministra identificar las piezas y explicar el retiro. Al expediente llegaron coadyuvancias de la Fundación Jacarandas, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y de Germán Humberto Rincón Perfetti, que donó al museo parte de las piezas sobre la memoria LGBTIQ+